El 6 de junio de 2022, la bahía de Quintero-Puchuncaví despertó violentamente. Sus habitantes fueron
víctimas de las consecuencias de una nueva excedencia en las emisiones de dióxido de azufre (SO2). En efecto, la norma horaria de 350 ug/m3 (equivalente a 134 ppbv) fue superada cuatro veces entre las 00:00 hrs. y las 02:00 hrs. de ese día, es decir, la estación de monitoreo en Quintero registró un valor de 1.326,53 ug/m3, con un peak de 2240 ug/m3 a las 00:20 hrs.
Las autoridades regionales conformaron un Comité Para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), que decidió extender la declaración de episodio crítico hasta las 22 horas del 6 de junio y, junto con eso, se solicitó a las empresas que activaran sus planes operacionales, con el monitoreo a cargo del Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Las clases escolares fueron suspendidas por 48 horas y se habló de una “muy probable” intoxicación masiva de sobre 60 personas, la mayoría de estas estudiantes en edad escolar, cuyos síntomas de mareos, vómitos y cefaleas, fueron atribuibles a la contaminación por gases en la zona.
Tanto el Seremi como el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, sindicaron la responsabilidad de este episodio en Codelco Ventanas e instaron a las empresas a realizar ajustes de manera urgente a sus planes operacionales, para que se acoplen a las condiciones meteorológicas de la zona, de reconocida mala ventilación prolongada en los meses de invierno. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por su parte, inició una investigación luego de la fiscalización de la empresa estatal durante esa madrugada.
En el nivel central, la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lideró el martes 7 de junio una reunión de
emergencia, donde enfatizó que se aplicará al máximo el principio preventivo. De este modo, se anunció la aplicación de medidas provisionales en contra de Codelco y AES Gener (hoy AES Andes), a fin de que adelanten los nuevos estándares de las modificaciones de los planes operacionales, cuya actualización estará coordinada por el Seremi de Medio Ambiente y la SMA. Habrá, además, una instalación de sensores remotos de dióxido de azufre en las instalaciones de las empresas del parque industrial, que permitan predecir los peak que reflejan las estaciones de monitoreo.
Existe una serie de medidas –exigencias- que han sido reiteradas por organizaciones locales y organismos de defensa del medio ambiente, como la instalación de equipos de monitoreo en establecimientos educacionales; la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) para cambiar el uso de suelo en las áreas donde todavía se permite la instalación de empresas peligrosas; el ingreso a Estudio de Impacto Ambiental de todas las empresas del Parque Industrial para que obtengan y/o actualicen sus Resoluciones de Calificación Ambiental; y la modernización con tecnología de punta para la fundición –sin hablar de su traslado definitivo.
En Fundación Terram tenemos la convicción de que, para lograr terminar con las Zonas de Sacrificio en Chile, se requiere en forma urgente de un plan de acción. Junto con ello, el gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de sus ministras de Salud y de Medio Ambiente, debe comprometerse a actualizar la normativa de calidad del aire con los mejores estándares internacionales, como son los de la Organización Mundial de la Salud. Además, como parte del plan de acción, es necesario que se lleven a efecto cambios drásticos en la institucionalidad ambiental, dotándolos de mayores competencias y capacidad de fiscalización en aquellas zonas donde existen poblaciones vulnerables y altos índices de contaminación.
Es imperativo que la autoridad ambiental de la Región de Valparaíso posea herramientas eficaces que la faculten a paralizar las faenas durante episodios de emergencia ambiental y que la Seremi de Salud, única instancia que puede solicitar esta medida con base en la salud infantil, se comprometa a cerrar las faenas. No es posible que frente a cada peak de contaminación se cierren las escuelas y las industrias sigan funcionando, viviendo el mundo al revés, con prioridades invertidas.
Los avances han ido lento y, a pesar de la ratificación del Acuerdo de Escazú y la reciente promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, dos potentes instrumentos legales para que nuestro país “haga las cosas de otra forma y dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todas las políticas públicas del Estado chileno”, como aseguró el Presidente Boric en el lanzamiento de este último instrumento, esta realidad está lejos de concretarse, mientras los habitantes de Quintero y Puchuncaví, esperan en vano.
Fuente: Fundación Terram
